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Quiénes somos

20 de junio de 2004

La idea inicial de formar un grupo de personas que impulsaran en España todo lo referido a la protección de datos de carácter personal, se remonta a finales de 1990.

Durante los tres primeros meses de 1991, Luis Otero por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Rafael Fernández por la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y Antoni Farriols por la Unión General de Trabajadores (UGT), decidieron constituir la plataforma Comisión de Libertades e Informática (CLI). A ella se unieron: Comisiones Obreras, Jueces para la Democracia, Unión Consumidores de España, Asociación Española de Marketing Directo, Confederación de Consumidores y Usuarios. La plataforma CLI se presentó en abril de 1991 en la sede de UGT en un momento en que no había en España ninguna legislación que desarrollara el artículo 18.4 de la Constitución.

La primera actividad fue la de generar propuestas para una ley de protección de datos en España en base a un texto elaborado por destacados juristas en el seno de la APDHE. En torno a esta iniciativa se organizaron por la CLI un conjunto de mesas redondas y se emitieron comunicados para ir elevando la conciencia social sobre el particular.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia presentó en 1992 su texto al Consejo de Ministros que lo remitió a las Cortes. Dicho texto no se parecía en casi nada al que estaba elaborando la CLI.

La CLI se aplicó entonces en elaborar propuestas de enmienda para entregárselas a todos los grupos parlamentarios. Prácticamente había una enmienda por artículo.

De esta época parte pues el estrecho contacto entre la CLI y el Parlamento.

En diciembre de 1992 nació la LORTAD (Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal).

La CLI recurrió, a partir de un brillante trabajo de su asesoría jurídica, varios artículos de la LORTAD. El recurso fue presentado en febrero de 1993 al Defensor del Pueblo con la solicitud de que lo elevara al Tribunal Constitucional. Se adhirieron al mismo, la APDHE, la UGT, CCOO.

El Tribunal Constitucional tardó casi 8 años en resolver el recurso, estimando una parte de los aspectos recurridos por la CLI en la famosa sentencia 292 que ha sentado jurisprudencia.

Es importante también el trabajo propositivo de la CLI en lo referido a la introducción del delito informático en el llamado ‘Código Penal de la Democracia’.