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17 julio 2005

La necesidad de especialización de la justicia

La noticia de que, a partir del mes de septiembre los 25 crearán una directiva que obligará a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que presten sus servicios en la Unión Europea a retener los datos de emisor y destinatario, fecha y hora de cada emisión que se lleve a cabo a través de sus redes - aunque no su contenido según el ministro Alonso -, ha levantado más controversia de la esperada en ésta época estival.

Seguro que nos parecería una aberración que la oficina de correos registrase el origen y destinatario de toda la correspondencia que pasa por sus buzones. Aunque no tuviese acceso al contenido de cada carta, factura, recibo o telegrama, si que podría realizar un estudio bastante completo de nuestra realidad diaria.



Es el eterno dilema de Seguridad Vs. Privacidad y cómo articular un sistema que potencie una sin denostar la otra. Harto difícil para nuestros gobernantes es la tarea que ahora tienen entre manos y en cuya tesitura no me gustaría estar. De todas formas pienso que respetar los derechos fundamentales no significa coartar el bien común y que es necesario articular fórmulas más específicas y no tan generalistas. No debemos de olvidad nunca el art. 18.4 de nuestra Constitución que señala: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». ¿Cómo se combina éste precepto con una directiva que pretende tener acceso, en algunos casos y bajo peligro del bien nacional - según parece - sin mandato judicial?


Sin entrar en temas como la reforma de nuestra actual LSSI o LOPD, teoría que va tomando más cuerpo a medida que pasan los días y que veremos más adelante, creo que sería necesario paralelamente a este tipo de actuaciones el que se crease un juzgado específico que regulase el campo de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Se trataría pues de crear un órgano formado por magistrados, fiscales, peritos y demás personal formado y especializado en el campo de las TIC y destinado a generar trámites, vistas, veredictos o auditorías con la misma velocidad con la que surgen los delitos en el mundo tecnológico. De ésta forma, podría paliarse en parte el vacío legal que se uno se encuentra en términos tales como piratería, intercambio de ficheros peer to peer, spam, virus informáticos, hacking, etc....


Gracias a un órgano de éstas características y a tenor de lo que parece que se nos viene encima si en septiembre es aprobada esta directiva por parte de los estados miembros, con una reglamentación y las dotaciones tecnológicas adecuadas, podría conseguirse un permiso judicial on-line mediante certificados y aplicarse inmediatamente. De ésta manera, aberrante a mi juicio, intervención de las fuerzas del orden en un proceso de telecomunicación sin mandato judicial, podría sustituirse por la obtención inmediata en primer término de una orden telemática, unida al trabajo de investigación y jurídico de personal especializado con todas las garantías de constitucionalidad y respeto al bien común.


Sólo una ejecución pronta, documentada y efectiva de los fallos hará que se cumpla la misión capital de la justicia como pieza clave en el Estado de Derecho y más aún en un campo donde la rapidez de ocultación de un delito supera cualquier proceso o inicio de trámite convencional.

15 julio 2005

EL FUTURO PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL TERRORISMO

Los ministros de Justicia e Interior de la UE señalaron su determinación para "acelerar la puesta en marcha del Plan de Acción de lucha contra el terrorismo", entre cuyas medidas desctaca una propuesta sobre retención de datos que será adoptada presumiblemente en octubre. El Reino Unido aboga por el uso de cámaras y la retención de datos para combatir el terrorismo en una "jerarquía de las libertades civiles", algo que apoyan países como Alemania.” (Ver artículo)
Parece ser, pese a las voces disconformes en la UE, que se aprobará finalmente esta propuesta, aún cuando se demuestre que en la lucha contra el terrorismo, sobre todo éste que se intenta combatirse, pues es totalmente ineficaz. Al igual que los millones de cámaras esparcidos por Gran Bretaña no sirvieron para impedir los atentados del 7J, el registro de llamadas y correos no detendrá a los terroristas. ¿Alguien piensa de verdad que la posibilidad de ser detenido después del atentado suicida le va a importar algo a un kamikaze?
ETNO, la organización que representa a las grandes operadoras (Telefónica, BT, France Telecom, Deutsche Telekom, entre muchas otras), se muestra 'seriamente preocupada por la propuesta' y señala con inquietud que el proyecto 'no sólo guarda silencio sobre los costes aparejados sino que tampoco menciona ningún mecanismo de reembolso'.
Nos encontramos que, a la vez de ser una medida inútil para evitar atentados kamikaces, es una medida tan indiscriminada, que el esfuerzo y coste de su realización resultará inviable para las grandes operadoras. El liberal alemán Alexander Alvaro, cifra 'en 180 millones de euros el coste para los operadores tradicionales de cumplir con la medida, más unos 50 millones anuales en costes operativos'. ETNO atribuye esa descomunal factura 'a los ajustes necesarios en software, servidores y seguridad'. Las operadores abogan por una retención de plazo más corto y por la preservación selectiva, como ocurre ahora, de los datos de las personas o grupos que las autoridades estén investigando. Esta medida es mucho más respetuosa con las leyes y los derechos fundamentales de las personas. No estamos en una guerra declarada en la que se nos priven de nuestros derechos por esta situación, sino que se está intentando crear tal ambiente de temor, que los ciudadanos seamos los que diligentemente renunciemos a nuestros derechos más básicos en aras de una posible “seguridad”.
Según Clarke, "los ciudadanos aceptarán algunos sacrificios en su libertad en ciertas circunstancias si se les asegura transparencia para entender el porqué". “El ministro explicó que es necesario establecer una "jerarquía de las libertades civiles", porque no es lo mismo el derecho a "viajar en el metro en Londres un jueves sin que te vuelen" que el de protección de la privacidad y los datos personales. "Debemos saber de qué libertades estamos hablando. La libertad de no ser filmado por una cámara no es tan grande como la libertad de tener un juicio justo", señaló.” Ante estas declaraciones hay que decir que tiemblo ante esta perspectiva. Cuando una emergencia como ésta permite a los gobiernos extender su poder hasta límites insospechados, es seguro que utilizará este poder para otras cuestiones. ¿Quién controlará al controlador? ¿No deberían ser los jueces los que ponderaran la jerarquía de libertades en cada caso en concreto?
Las personas que atentaron en Londres eran jóvenes, bien situados, con cultura, integrados en la sociedad…..con lo que se demuestra que el peligro está dentro de cada país, y no necesariamente de fuera. Ni la red Echelon, ni la suspensión de Shengen ni las redadas de Italia están en condiciones de resolver un problema de esta naturaleza. Como sugiere Victoria Prego desde su blog, son los mismos miembros de la comunidades musulmanas de cada país los mejores informadores y colaboradores que se pudieran tener para las investigaciones y la prevención de nuevos ataques kamikaces: “Son los miembros de esas comunidades los que pueden tener la mejor información sobre los nombres de los extremistas, sobre la identidad de los líderes espirituales que predican la guerra, sobre las sesiones de adoctrinamiento de los jóvenes”.

Estoy convencida de que este registro no permitirá impedir un atentado de estas características, pues no existe la capacidad de análisis de toda la información necesaria en tiempo real. No nos dejemos convencer que estas medidas de seguridad, que estas limitaciones de nuestras libertades, evitarán el terror, sino que gracias a nuestros preocupados gobiernos, será un fracaso de nuestras democracias.

Mª Isabel Patón Pérez

11 julio 2005

Terrorismo vs. Libertades públicas: ¿Quién ganará el combate?

Hoy, el Ministro Británico del Interior, Charles Clarke, anunciaba su intención de solicitar que la Unión Europea autorice los fuerzas de seguridad tengan acceso a los registros de llamadas, mensajes de texto por teléfono móvil y correos electrónicos. Eso sí, precisaba que no se trataba de acceder al contenido de los mismos sino al tráfico de datos.
Esta propuesta hace eco a la propuesta de Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido del pasado año, en reacción a los terribles atentados del 11-M. La CLI en su pasado comunicado del 15 de junio se mostraba preocupada por esta proposición en cuanto “la retención indiscriminada y masiva de los datos de tráfico supone un alto riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de sus derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de carácter personal, pero se mostraba consciente de la necesidad de tomar las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y cualquier otro tipo de delincuencia organizada, por lo que solicitaba de nuevo al Gobierno que elabore el Reglamento de desarrollo del artículo 12 de la LSSI, incorporando las debidas garantías para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y defina de esta manera claramente su posición al respecto tanto en España como ante la Unión Europea.”
Hoy, otra vez, a imagen de la CLI en este comunicado, me muestro preocupada por el precario equilibrio en el que se encuentran las libertades públicas, tan difícilmente conquistadas a lo largo de los pasados siglos, y tan a menudo vulneradas, frente a la amenaza terrorista. Y me pregunto si al final no ganarán la batalla los terroristas cuando hayamos decidimos una vez por todas sacrificar nuestras libertades. No es que tengamos que dejar de tomar medidas de seguridad para evitar masacres de este calibre sino que tenemos que tener presentes hasta dónde tienen que llegar dichas medidas para no sacrificar en aras de la seguridad los valores y cimientos de nuestras sociedades democráticas.
Se plantea un reto de gran envergadura: mantener el tenue equilibrio entre seguridad y libertad.

01 julio 2005

Protección de Datos: En Busca del Equilibrio

Segundo día en el curso sobre Protección de Datos en la Universidad Menéndez Pelayo. La jornada ha sido interesantísima. Después de una excelente exposición realizada por Jesús Rubí sobre los cambios que va a contemplar el Nuevo Reglamento, algunos representantes de diversos sectores han tenido la oportunidad de manifestar los problemas que tienen con respecto al cumplimiento de la LOPD y los intereses y preferencias sobre temas que debería recoger el nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley.Luis Miguel Oyaga, en representación de FECEMD (Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo) resaltó la débil posición en la que se encuentra la actividad de Marketing con respecto a los demás países europeos por ser la legislación española más exigente con respecto a la protección de datos.Luis Pineda, de AUSBANC (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios) destacó la importancia del Dº Fundamental a la Protección de Datos y la necesidad de su asimilación como tal por parte de los titulares. También hizo algunas observaciones sobre la posibilidad que tienen determinadas empresas de conocer el perfil de nuestra personalidad, nuestros hábitos y preferencias a través de los datos que conocen y pueden controlar.Antoni Farriols, presidente de la Comisión de Libertades e Informática, insistió en la necesidad de reforma de la Ley, a pesar de que reconoció que el nuevo Reglamento es bueno para la Ley que tenemos, dentro de las limitaciones de la misma, que no contempla aspectos tales como el tratamiento de datos de menores o la figura del delegado de protección de datos, entre otros.Fernando Herrero de AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación) reflexionó sobre cuál puede ser la explicación de que las empresas vean a la LOPD como al “coco” e indicó la necesidad de dar respuesta a los problemas existentes. Apuntó la necesidad de divulgación de la Protección de Datos e incluso sugirió la posibilidad de que parte del importe de las sanciones se destinen a la formación y difusión de los principios sobre Protección de Datos.Pilar González de Frutos, en representación de UNESPA hizo un repaso sobre las dificultades con que se encuentra el sector de Seguros para el cumplimiento de la Ley debido a la complejidad del tratamiento de los datos por parte de las compañías aseguradores, el gran volumen de los mismos, la necesidad de cesiones, la gran cantidad de encargados del tratamiento que participan en el proceso y la conveniencia de un equilibrio de intereses. Manifestó también su preocupación por el alto nivel de protección datos requerido por la legislación española que degenera en un encarecimiento del producto en perjuicio de la economía española con respecto a otros países donde la legislación es menos rígida, declarando que “la Ley tiene que ser homogénea a la de nuestros competidores”.En nombre de Telefónica Móviles, Mª Luisa Rodríguez criticó la Ley de Protección de datos alegando que es rígida y que vulnera el Derecho de los clientes a estar informados sobre nuevos productos que les favorecen y les interesa. También indicó que la Ley impide la competencia entre compañías.Por último, Manuel Morente, médico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, nos dio una animada charla sobre la protección de datos en la investigación biomédica, resaltando los obstáculos que la Ley de Protección de Datos suponen en el avance de las investigaciones. Comentó la importancia de la investigación para el avance de la medicina y la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos del paciente individual y las del resto de los pacientes actuales y futuros.En lo que coincidieron todos los ponentes fue en la conveniencia de encontrar un EQUILIBRIO entre el derecho de los usuarios a la Protección de Datos y el derecho de las empresas al desarrollo de sus actividades y de los obstáculos que encuentran con la legislación actual. Asimismo coincidieron en la actitud constructiva de la Agencia de Española de Protección de Datos y del esfuerzo que está realizando en que el nuevo Reglamento sea fruto del consenso y de las necesidades de todos los sectores destinatarios del mismo.Mañana más.